"Hay una lesión enorme a la autonomía universitaria. (...) Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los organismos judiciales.
La propuesta reforma a la Ley 30 de 1992 no cayó bien entre el sector universitario, el cual alista un proyecto de ley propio.
El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes en las universidades pasó de 1'040.000, en el 2002, a 1'750.000, en el 2009, en el país hay 3'200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.
Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas entre otras, como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior.